El pasado 29 de junio, miles de activistas y representantes de organizaciones sociales se movilizaron en las calles de Sevilla, enfrentando altas temperaturas, para demandar medidas urgentes de alivio de la deuda impagable, justicia climática y la implementación de impuestos más justos a las grandes fortunas. Esta protesta se produjo justo antes de la cumbre financiera de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde líderes mundiales discutirán estrategias para combatir la pobreza, mejorar la salud pública y mitigar el cambio climático.
La manifestación contó con la participación destacada de grupos como Greenpeace y delegados africanos, quienes reclamaron reformas fiscales internacionales más equitativas y una mayor solidaridad global hacia los países en desarrollo, afectados por la deuda y los impactos climáticos.
Mientras que el primer ministro español, Pedro Sánchez, manifestó optimismo respecto a la transición paulatina hacia el compromiso del 0,7% del PIB en ayuda internacional, críticos señalan la retirada de Estados Unidos y la aparente falta de voluntad política de otras naciones desarrolladas como los principales obstáculos para alcanzar acuerdos efectivos.
Este movimiento social refleja el descontento global y la creciente presión sobre los gobiernos para tomar acciones decisivas frente a las crisis convergentes que amenazan el bienestar de millones.
